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En septiembre Honduras debe tener un nuevo fiscal general de la república, a menos de seis meses, la campaña para reelegir en el cargo por cinco años más al actual fiscal Oscar Fernando Chinchilla, arrancó con mucha fuerza y eco mediático.

Esta semana la Confraternidad Evangélica de Honduras, emitió un comunicado en el que plantea claramente la continuidad de Chinchilla al frente del Ministerio Público, fundamentando la propuesta en los resultados que él ha obtenido en la institución durante los últimos años.

La propuesta de la Confraternidad es acuerpada por algunas organizaciones de sociedad civil, que son afines al gobierno de Juan Orlando Hernández y también por los sectores conservadores del país, quienes argumentan que la creación de unidades como la Dirección de Investigación Policial, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal son la carta de presentación de Chinchilla en su lucha contra la corrupción y criminalidad organizada.

De la misma forma, los proponentes subrayan las declaraciones del ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, que alaba cada vez que puede la labor del fiscal en materia de investigación contra varios actos de corrupción, como por ejemplo la red de diputados, que al final fue uno de los puntos que, por los obstáculos presentados por el oficialismo, facilitaron la renuncia de Mayor al frente de la Misión.

Pero en esa campaña para su continuidad, las organizaciones no apuntan los retos pendientes y deudas de la justicia hondureña en materia de investigación, por ejemplo, los altos niveles de impunidad en crímenes en el país, y mucho menos en las investigaciones de los 38 asesinatos cometidos por militares contra manifestantes en la crisis post electoral.

“En realidad, el fiscal Chinchilla, ha sido un peón de las estructuras de poder, del Partido Nacional en particular, para mantener y proteger los niveles de corrupción e impunidad que se han generado desde los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández”, comenzó valorando el defensor de derechos humanos, Carlos del Cid.

Carlos considera que el papel del fiscal y del Ministerio Público ha sido lamentable, pues las investigaciones en el país si afectan a grupos ligados al presidente o al partido de gobierno no se desarrollan, para muestra un botón los asesinatos políticos, que hasta la fecha no registra ningún requerimiento fiscal contra los responsables de los mismos.

“La confraternidad es un sector que ha estado visiblemente pegado a las políticas de estos dos últimos gobiernos y si está pidiendo la continuidad del fiscal es porque ha recibido el mandato del gobierno y lo proponen para hacer creer que otras organizaciones lo piden y no el mismo gobierno”, dijo Carlos.

Desde su perspectiva, organizaciones como la Confraternidad Evangélica son estructuras religiosas que sirven de voceros del propio gobierno, al que han sido incapaces de criticar sobre todo en materia de violaciones a derechos humanos y de actos de corrupción.

Por tal razón, cree que ellos se prestan al juego de toda la maquinaria organizacional y mediática para poner en la agenda la nominación de la candidatura del fiscal para continuar en el cargo por cinco años más.

Por su parte Tomás Andino, analista político, dice que esta propuesta se fortalecerá en la medida que la elección del fiscal se acerque, y que la reacción de los sectores involucrados en el nombramiento evidencia su tesis.

En las últimas horas los medios de comunicación corporativos impulsaron con fuerza la campaña, que además fue acuerpada por dirigentes del Partido Nacional en el Congreso, el secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano dijo que por ahora no hay una postura oficial, pero que desde su punto de vista la propuesta no le parece descabellada.

“Hemos visto en el fiscal, un hombre que ha hecho una extraordinaria labor en su lucha contra la criminalidad, impunidad, corrupción, durante estos cinco años, y podemos ratificar es el que mejores resultados ha dado de los últimos fiscales.

Todo eso le da meritos para que este Congreso, la Junta Proponente, y organizaciones de sociedad civil lo respalden y el Congreso lo tome como una de las opciones serias para ratificarlo en su cargo”, dijo en conferencia de prensa Zambrano.

Para elegir al fiscal se necesita mayoría calificada en el Congreso Nacional, significa que el Partido Nacional deberá lograr acuerdos con las distintas bancadas para alcanzar el total de 86 votos y así elegir al candidato que responda a sus intereses.

Mientras las opiniones surgen, hay una realidad concreta en torno al funcionamiento de las instituciones y también en el marco de la separación de poderes. En Honduras no hay independencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ese ha sido un punto de crítica hacia el Ministerio Público en los últimos años.

En ese sentido, el analista político y también candidato a la presidencia por el Colegio de Abogados de Honduras, Julio Ramírez cree que esas son acusaciones sin sustento, y que la mayoría de ellas son fundamentadas a base de chismes y conjeturas.

Para Ramírez más allá del tema de la independencia es importante reconocer que la creación de esas entidades de investigación es una buena carta de presentación de Chinchilla para continuar en el cargo.

Por ahora Oscar Fernando Chinchilla es el único nombre que ha sonado para dirigir el Ministerio Público, pero en el mes de julio el Congreso Nacional dará vida a la Junta Proponente, para iniciar el proceso de evaluación y postulación de candidatos y candidatas.

Miércoles, 21 Febrero 2018 09:07

Por amenazas a muerte renuncia sindicalista

El tesorero del sindicato de trabajadores y trabajadoras de la fábrica Star, SitraStar, ubicada en Zip Porvenir, El Progreso, Yoro, Lino Hernández, renunció a su cargo sindical y laboral por constantes amenazas a muerte. El hecho más reciente ocurrió el 12 de febrero cuando cuatro desconocidos en motocicletas lo interceptaron en la carretera que conduce de El Progreso a Tela, al norte de Honduras. 

Lino es fundador del primer sindicato de trabajadores en la maquila de El Progreso. En sus primeros 10 años, el sindicato ha logrado la aprobación de cuatro contratos colectivos, mejorando las condiciones laborales de casi dos mil empleados y empleadas. 

Lino, junto al presidente del sindicato Waldin Banegas han denunciado que son víctimas de amenazas, hostigamiento, persecución y vigilancia dentro de la empresa maquiladora y en sus propias casas. 

Los sindicalistas responsabilizan al dueño del parque industrial Zip El Porvenir, Nicolás Chaín, quien públicamente los ha acusado de organizar las tomas de carretera contra el gobierno ilegal e ilegitimo de Juan Orlando Hernández, y al grupo denominado de “choque” creado por los ejecutivos de la corporación Gildan. 

En reunión de emergencia, Lino notificó a la junta directiva del sindicato su renuncia irrevocable, lamentando la falta de seguridad y protección por parte del Estado hondureño. Ante las constantes amenazas los sindicalistas solicitaron ayuda al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos pero su solicitud aún está en proceso. 

Lino, fue obligado abandonar su casa junto a su familia para salvaguardar la vida. Es padre de tres menores y su esposa, víctima de amenazas, también renunció a su puesto de trabajo en la empresa Star. “Es una pesadilla lo que estamos viviendo”, expresó entre lágrimas asegurando que es difícil sobrevivir sin trabajo en una Honduras que no garantiza la vida de sus ciudadanos.

El SitraStar es el primer sindicato de la maquila en El Progreso, al norte de Honduras. Las amenazas contra los líderes se originaron desde su creación, debido a las denuncias por despidos injustificados, actos de corrupción y la situación precariedad laboral que viven los empleados de la industria maquiladora en Honduras. 

En el país unas 147 mil personas trabajan en la maquila, devengando un salario mensual de casi 7 mil Lempiras (290 dólares). Y tienen que trabajar 11 horas diarias para poder cubrir sus necesidades primarias. La mayor parte de la clase trabajadora son jóvenes mujeres, de estas el 80 por ciento son madres solteras. 

La libertad de asociación es un derecho fundamental que gozan las personas y consiste en agruparse como un colectivo para defender intereses comunes lícitos. Su expresión jurídica en el mundo laboral es la libertad sindical. En Honduras, la libertad de asociación se encuentra recogida en el artículo 78 de la Constitución y, específicamente, la libertad sindical está garantizada por el artículo 128 numeral 14 de la Constitución. Este derecho está amparado en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

El SitraStar ha denunciado las repetidas acciones que Gildan ha empleado para desintegrar el sindicato. La empresa despidió en 2017 a más de 350 personas base de la organización. Los sindicalistas aseguran que la empresa ha creado un grupo de choque que pretende desarticular el sindicato. “Responsabilizamos a esas personas por la vida de Lino y el resto de compañeros”, asegura Waldin Banegas presidente de SitraStar, quien sostiene que la salida de Lino es un duro golpe para la organización sindical en el país.

Para nadie es un secreto que, a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, MACCIH no la están dejando trabajar, y más allá de las opiniones públicas, el país entero sabe que las investigaciones de la red de diputados involucran directamente al gobierno de Juan Orlando Hernández y a sus diputados.

Todos lo saben, incluso Juan Jiménez Mayor, ahora ex vocero de la MACCIH, quien el pasado jueves renunció a su cargo, por motivos ligados a esa presión, pero que no se atreve a decirlo concretamente. Mayor a través de una carta enviada a la opinión pública dijo que luego de una jornada de reflexión tomó la decisión de dejar su cargo, por fuertes diferencias con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que dirige Luis Almagro.

Sobre todo, en los representantes políticos y de estas misiones impera la diplomacia, sus discursos lo reflejan y sus afirmaciones las respaldan. En el noticiero vespertino de Televicentro Juan Jiménez fue entrevistado para que reaccionara sobre su renuncia, le consultaron sobre la relación de él con el presidente Juan Orlando Hernández, él contestó que sí lo han dejado trabajar.

La población reaccionó de inmediato a esas declaraciones, y lamentó que la diplomacia le impidiera a Mayor decir claramente que el origen de la crisis de la MACCIH fue la falta de respaldos a la lucha contra la corrupción e impunidad de parte de Casa presidencial.

En entrevista a Radio Progreso, Mayor dijo hace unos días que la investigación en el caso de la red de diputados se orienta a varios diputados, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Mayor aseguró que una de las hipótesis en el caso es el soborno, que recibieron estos diputados. Jiménez Mayor no se atrevió a decir que ese dinero de los sobornos fue para elegir la actual composición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Mayor no se atreve, pero la clase política de oposición y las organizaciones críticas de la administración gubernamental sí, ellos han denunciado e incluso interpusieron recursos ante la justicia nacional e internacional, por los procedimientos viciados de elección de la CSJ, Ministerio Público y otras instituciones que han sido cooptadas por el presidente Hernández.

“En Honduras hay un grave problema, y es de institucionalidad, todo acá es dominado por Juan Orlando Hernández, acá hay que pedirle permiso a él para investigar, para judicializar y para hacer justicia, este es un problema estructural”, dijo el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Sequeira.

Sequeira, quien ahora es militante activo del Partido Liberal, aseguró que acá si no se hacen cambios profundos, sobre todo en el tema de independencia de poderes, la impunidad seguirá reinando en el país.

En ese enfoque, la MACCIH empezó a tener problemas. “Nos estábamos preparando para esto, y el momento ha llegado, toca luchar para salir adelante”, manifestó Mayor. Y es que la MACCIH ha sido muy criticada por diversos sectores, criticada por su diplomacia, por no decir las presiones que tiene y por no mencionar con nombre y apellido las principales amenazas a su trabajo.

El origen de la crisis actual en la MACCIH se da a partir de las amenazas y obstáculos generados por el partido Nacional, partido al que Mayor nunca se atrevió a enfrentar públicamente. Mayor lo dijo entre líneas: “no he recibido amenazas, pero contrataron una firma auditora para que me investigue, les aseguro que no encontrarán nada”, relató en su momento el ex vocero de la MACCIH.

Todo surgió a partir de su anunció de investigar a diputados, incluyendo altas figuras del partido Nacional, por tal razón sus denuncias contra los que lo están amenazando, evidentemente apuntan hacia el oficialismo.

Mayor renunció, y dejó claro que el punto toral de su determinación es por diferencias con Luis Almagro, a quien le reclamó vía administrativa por correos electrónicos, la contratación de personas que no abonarán nada a la institución y que incluso eso se podría convertir en malversación de fondos.

Juan Jiménez no renunció solo, lo acompañó su personal de confianza. Julio Arbizú integrante de esta estructura también anunció su retiro y dijo en redes sociales que lamenta que la OEA no los respalde en esta lucha contra la corrupción, y aseguró que Honduras no se merece esto, que hay una verdad escondida y que algún día saldrá a la luz.

Esa verdad de la que habló Arbizú es de múltiples interpretaciones, y eso se da por el carácter diplomático de esta Misión, la que les impide por cualesquiera que sean los motivos, encarar y denunciar a los responsables.

Ante el anuncio los políticos aprovecharon para llevar agua a su molino. El partido Liberal emitió un comunicado solidarizándose con Mayor y denunciando al partido de gobierno de ser el responsable de limitar el trabajo a la MACCIH, en ese mismo enfoque lo hizo la Alianza de Oposición que además denunció el papel de la OEA, y dijo que en Honduras es urgente la presencia de una Comisión independiente como la de Guatemala, la CICIG.

Pero no solo los opositores aprovecharon para hacer uso de sus discursos, también lo hizo el presidente, el principal responsable de la crisis de la MACCIH. Juan Orlando Hernández dijo: “Yo pedí a Mayor que no renuncie, le prometí mi apoyo para que pueda trabajar, pero él me dijo que no cambiaría de posición, así que afirmo mi apoyo a la OEA y cuando nombren su sustituto, también lo apoyaremos como lo hemos venido haciendo”.

Las declaraciones de Hernández y su partido son contrarias a sus acciones, ya que son ellos quienes pretenden mantener un pacto de impunidad, así lo han comprobado con la reforma a la Ley de Presupuesto, la Ley de Secretividad, entre otras.

Mayor se va del país y de la Misión con esa deuda, de no haber denunciado lo que sucede a lo interno de la MACCIH, de mencionar quienes le están obstaculizando las investigaciones, y de dar avances contundentes de las mismas.

Por ahora la gente ha salido a las calles, con menos intensidad que en meses anteriores, pero con algo totalmente claro: que es necesario y urgente retomar la lucha organizada para combatir la corrupción y judicializar a los responsables del saqueo de los fondos estatales.

Viernes, 16 Febrero 2018 15:54

Semanario No. 514

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